Pese a compartir la necesidad de limpiar las calles de la informalidad, radicales y libertarios critican la «tibieza» del Gobierno y la demora en atender un reclamo histórico de los vecinos.
El anuncio de una nueva normativa para regular y, en gran medida, prohibir la actividad de cuidacoches informales en Córdoba ha despertado un mar de dudas en la Legislatura. La oposición, aunque coincide en el diagnóstico de hartazgo social, pone en duda que esta ley sea el remedio definitivo contra la inseguridad en las calles.
La legisladora Alejandra Ferrero recordó que en el pasado el peronismo bloqueó intentos opositores de legislar sobre este tema, tildando la movida actual de cínica. Por otro lado, Matías Gvozdenovich exigió que el Gobierno Provincial asuma la responsabilidad total en lugar de derivar la problemática a las gestiones municipales. La desconfianza radica en si la Policía tendrá el respaldo político para actuar o si la ley será otra de las tantas normas que, en palabras de la oposición, «quedan en el papel y no cambian la realidad».
Se espera una sesión intensa en la Unicameral donde el oficialismo deberá defender la letra chica de un proyecto que busca recuperar el control del espacio público en toda la provincia.
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